Equidad de Género
Astrid Agenjo Calderón
Observatorio GEP&DO // Universidad Pablo de Olavide
cmagecal@upo.es
1.- Conceptualización
Equidad e Igualdad son dos principios distintos pero estrechamente relacionados. La igualdad es un principio jurídico universal protegido por distintos instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Tal y como está expresado en la CEDAW, la igualdad va de la mano del principio de la no discriminación, y en este sentido, la igualdad sólo será posible en la medida en que se erradique la discriminación contra las mujeres (en materia de salud, educación, trabajo o representación política, entre otros ámbitos). Por su parte, el concepto de equidad es un principio ético-normativo que introduce la idea de justicia en la igualdad. Bajo la idea de equidad se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja, en función de la idea de justicia que se tenga y haya sido socialmente adoptada (ONU Mujeres).
Desde la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijing, 1995), existe un reconocimiento internacional de la centralidad de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres para el avance en términos de desarrollo, paz y justicia social. Sin embargo, con frecuencia estos compromisos se han evaporado en la práctica política haciéndose un uso cosmético y tecnocratizado, perdiendo así parte de su potencial transformador (GEP&DO, 2015). Desde las perspectivas feministas se entiende que la apuesta por la equidad de género demandaría un cambio de foco que sitúe en el centro las desiguales relaciones de poder existentes entre mujeres y hombres en su diversidad, así como una mayor atención a la intersección del género con otros ejes de subordinación.
A este respecto, es necesario puntualizar que cuando hablamos de «género» :
- No hablamos «solo» de las mujeres, pero sí se necesita recuperar y visibilizar las experiencias, saberes y sentires de las mujeres para comprender la situación de desigualdad y, así, diseñar políticas adecuadas. No obstante, al hacerlo tenemos que estar atentxs a hablar de la diversidad de las experiencias femeninas ya que, de lo contrario, correremos el riesgo de terminar hablando sólo de las mujeres que tienen voz.
- No hablamos sólo de la posición diferencial de mujeres y hombres, sino que se busca comprender cómo esa diferencia se traduce en desigualdad.
- No hablamos sólo de desigualdad entre mujeres y hombres, sino de cómo los conceptos, las estructuras y las instituciones se construyen sobre la desigualdad.
- No tomamos el género como algo estático, sino en constante proceso de cambio. Es decir, las relaciones de género son dinámicas, ya que los hombres y las mujeres mantienen o modifican sus comportamientos en respuesta a sus realidades y circunstancias. Por tanto, no tenemos que confundir la norma de género (lo que es correcto o incorrecto desde las estructuras de género) con la realidad de las personas, sino tratar de entender también cómo las experiencias de la gente rompen precisamente con la norma.
- Tenemos en cuenta las desigualdades entre las propias mujeres (y entre los propios hombres), esto es, las diferencias intra-géneros que vienen marcadas por la clase social, por el origen rural o urbano, la etnicidad, la orientación sexual e identidad de género, la diversidad funcional, la edad… El objetivo es pensar de manera “interseccional”, sin jerarquizar las opresiones, sino encontrando posibilidades de articulación, tratando de hacer un análisis imbricado de las mismas e identificando las afectaciones que todas implican para las mujeres, particularizando cada contexto territorial.
A todo ello hay que añadir, al menos, dos cuestiones: en primer lugar, que el género no es sólo una construcción cultural, sino también material; es decir, que las injusticias de género no son sólo injusticias de reconocimiento (que lo femenino no se valore culturalmente, que haya una trato discriminatorio por ser mujeres), sino también de redistribución (en el acceso a recursos materiales, en el reparto de los trabajos, etc.) y de representación (dimensión política asociada a la exclusión, la violencia o la feminización de la pobreza a escala global) (Fraser, 2015). Ante estas injusticias, las reclamaciones pasan por una transformación del orden económico-social y de los patrones culturales desde un contexto transnacional y globalizado que desborda los límites territoriales. Lo cual nos lleva a la segunda cuestión; a saber, que las relaciones de género se (re)crean a través del funcionamiento del sistema económico capitalista heteropatriarcal: las sociedades capitalistas se caracterizan por haber priorizado la acumulación de capital, negando la posibilidad de que exista una responsabilidad social en la sostenibilidad de la vida (lo que llamamos «conflicto capital-vida»). Es decir, nuestras vidas se desarrollan en el marco de un sistema capitalista que funciona alentado por una tasa de ganancia, apoyándose en esquemas distributivos injustos basados en la explotación y la desigualdad, en la división sexual del trabajo, la devastación ecológica, la apropiación de los recursos públicos y la desposesión de los bienes comunes, poniendo continuamente en jaque las condiciones sociales y ambientales sobre las que desarrollamos nuestra existencia. En el marco de un sistema económico cuya lógica y prioridades entran en conflicto directo con la vida ¿dónde se asume la responsabilidad última de generación de bien-estar cotidiano de las personas? Esta responsabilidad se delega fundamentalmente a las esferas «invisibles» de actividad económica (los hogares) en las que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres juega un rol central, conformándose como la base del sistema económico[1].
La apuesta por la sostenibilidad de la vida apunta, por tanto, a la transformación de este modelo económico, orientándolo hacia el establecimiento de condiciones para la reproducción de una vida que merezca ser vivida, tanto para los seres humanos como para la naturaleza. Para ello es preciso transformar el patrón productivo, las formas de redistribución de la riqueza, ingresos y oportunidades; las formas de intercambiar, consumir y distribuir, de cuidar y corresponsabilizarse; la democratización del poder y la propiedad; la eliminación de los patrones culturales y estereotipos sociales discriminatorios. Se trata de una apuesta valiente y rigurosa por otra manera de organizar la vida en común, inspirada por otros valores que modifiquen las instituciones y desafíen las relaciones de poder.
2.- Contexto en Andalucía
Conocer la realidad andaluza desde una perspectiva feminista requiere un análisis de las condiciones materiales, culturales y políticas de los últimos años. Ello nos lleva a evaluar las reacciones neoliberales habidas tras la crisis de la última década, ya que ello ha afectado a cada una de estas dimensiones. El escenario de austeridad ha intensificado los mecanismos de control social, la precariedad laboral, las privatizaciones y los recortes en servicios públicos, situando a la región en una realidad estructural de precarización de las condiciones de vida que sitúa a las mujeres (en su cruce con otros ejes de subordinación) en una posición de mayor dificultad para afrontar los riesgos vitales, garantizar su propio bienestar y realizar un diseño vital autónomo. Esta mayor dificultad está asociada fundamentalmente a la menor y más precaria inserción de las mujeres en los mercados de trabajo, inmobiliario o de crédito (vinculada asimismo a la exclusión histórica del poder, la educación o la actividad económica remunerada), así como al deterioro de los servicios públicos (donde las mujeres son las principales usuarias directas e indirectas, las principales empleadas y sobre todo, son las “sustitutas naturales” de los mismos cuando éstos se recortan). El modelo neoliberal se apoya para su mantenimiento en el trabajo de cuidado no remunerado –realizado en su mayor medida por mujeres–, reproduciendo y acentuando así las desigualdades de género. Por otra parte, dicho modelo se caracteriza por la intrusión del mercado en todos los ámbitos de la vida y en el núcleo mismo de la ciudadanía: hay una voluntad expresa de crear valores morales, de crear una nueva racionalidad centrada en la maximización de la productividad y la eficiencia, la cual viene a comprometer los conceptos mismos de igualdad y libertad, reduciéndolos al mero intercambio mercantil (cuestión que además está en la base de debates feministas cruciales como el de la prostitución, la gestación subrogada, el trabajo doméstico remunerado, la privatización del trabajo reproductivo o de cuidados…).
A continuación, basándonos en el informe elaborado por el Observatorio de Género, Economía, Política y Desarrollo (GEP&DO, 2016), ofrecemos datos concretos para el periodo 2007-2015 que permiten trabajar la hipótesis del empeoramiento de las condiciones de vida y de la consecución del objetivo de igualdad de género en Andalucía:
Educación: el gasto medio de los hogares en educación durante la crisis ha aumentado considerablemente en Andalucía (de 175,19€ a 223,6€). Este ‘copago-repago educativo’ perjudica a los hogares de rentas más bajas, muchos encabezados por mujeres. La reducción de becas, personal y financiación de servicios auxiliares como aulas matinales se traduce en que las mujeres suplen, a modo de trabajo no pagado, los servicios que dejan de darse o subvencionarse desde las administraciones públicas. El impacto en el personal contratado es especialmente significativo, por cuanto se trata de trabajos muy feminizados. La calidad de este empleo es fundamental para avanzar en las tasas de ocupación femenina y en la transformación de los roles de género, ya que a peores condiciones laborales, peor es también la capacidad de negociación de los tiempos y trabajos de las mujeres en los hogares.
Empleo y condiciones de trabajo: una de las consecuencias más claras de la crisis ha sido la reducción de algunas brechas de género en materia laboral, aunque ello no se ha debido tanto a una mejora en la situación de las mujeres sino a un empeoramiento relativo de los hombres. Así, de una diferencia en las tasas de actividad masculina y femenina de 24,1% en Andalucía, ésta se ha reducido hasta a un 13,21%. Este “efecto del trabajador añadido” ha funcionado para las mujeres hasta 2013, pero la enorme y generalizada pérdida de empleo desde entonces ha ido extendiendo entre ellas el “efecto desánimo”, vinculado al empeoramiento de las condiciones de trabajo que hace que no compense participar en el mercado laboral, así como con el deterioro de determinados servicios públicos (sanidad o dependencia) que incrementan las necesidades de trabajos de cuidados en los hogares, sobre todo en los de menores ingresos. A este respecto es necesario señalar también la pérdida de empleo público que se ha producido, ya que su disminución tiene tremendas repercusiones de género puesto que es donde las mujeres formadas tienen las mejores posibilidades laborales. También se han reducido las brechas en materia de empleo, paro y temporalidad. En cuanto a los contratos a tiempo parcial, éstos siguen estando feminizados y presentando características propias respecto a los de los hombres. En lo referido a la brecha salarial, en Andalucía las mujeres cobraron de media en el año 2013 (último dato disponible), 17.690€ anuales, mientras los varones percibieron de media 23.565€. Es decir, las mujeres trabajan menos horas retribuidas al año y además tienen salarios hora inferiores. Esto no quiere decir que las mujeres trabajen menos que los hombres, sino que lo hacen menos de forma remunerada. Si sumamos los datos del tiempo que, como media, las andaluzas y los andaluces emplean en el trabajo remunerado y no remunerado (en base a la Encuesta de Empleo del Tiempo, 2009-10), las mujeres trabajan más de una hora al día más que los hombres, traduciéndose en menos tiempo disponible para ofertar su trabajo, formarse, relajarse o cuidarse para tener una vejez larga y saludable. El panorama de las pensiones también refleja una clara desigualdad de género que responde a las pautas tradicionales de participación de ambos en el mercado laboral y el trato discriminatorio del mismo hacia la población femenina. Por otra parte, el deterioro generalizado de los mercados de trabajo y de los servicios públicos hace pensar que los hogares de “dos ganadores de pan” seguirán al alza, lo cual podría suponer un cambio importante de las relaciones de género en el ámbito familiar al existir una necesidad cada vez mayor de corresponsabilizarse en las responsabilidades de cuidado, pauta que se observaría principalmente entre los grupos de edad más jóvenes, urbanos y de mayor nivel educativo, y que podría desembocar en importantes avances para la igualdad de género.
Salud y dependencia: la esperanza de vida de las mujeres se sitúa en los 84,05 años, mayor que la de los hombres que es de 78,72 años. Entre las mujeres destaca la incidencia de la enfermedad de Alzheimer y trastornos mentales orgánicos, seniles y preseniles como aspecto diferencial con respecto a los hombres, en los que las enfermedades respiratorias y cardiacas tienen una mayor incidencia. En las últimas décadas se ha reducido en mayor medida el riesgo de mortalidad que el de dependencia lo que incide directamente en el porcentaje de personas dependientes en nuestra sociedad, y por ende, en la demanda de cuidados. Las mujeres son las que presentan mayores tasas de dependencia, pero a su vez, son las que en mayor grado prestan asistencia y cuidados. Desde el primer momento de la aplicación de Ley a partir de 2007 y coincidiendo con la antesala de la crisis económica, Andalucía se convierte en la primera CCAA por número de solicitudes presentadas, siendo en 2012 cuando se alcanza un mayor número de usuarios/as que se benefician de los servicios o prestaciones que ofrece la Ley. La disminución posterior se puede atribuir al nuevo sistema de baremación (mucho más restrictivo) que se desarrolla en mitad de la crisis, periodo en el que también se produjo un recorte del presupuesto para dependencia con un impacto clave tanto en el bienestar de la población afectada como en la intensificación del tiempo de trabajo de las mujeres, ya que son las que han asumido principalmente la responsabilidad de la delegación de esas tareas al ámbito privado. Por otra parte, la eliminación de la cotización a las cuidadoras no profesionales supone un retroceso fundamental en la valoración del trabajo de cuidados y el reconocimiento del mismo que tienen importantes implicaciones en términos de género. Para el presupuesto 2017 la política de dependencia, servicios y prestaciones sociales ha subido un 3% con respecto al año anterior. En lo que respecta a la tasa de fecundidad en Andalucía, se observa una importante caída que ha pasado de 1,50 descendientes por mujer en 2007 a 1,4 en 2016, siendo uno de los indicadores más claros de las consecuencias de género de la crisis económica. En los países europeos existe una correlación muy clara entre la tasa de actividad femenina y la tasa de fecundidad de las mujeres. Esto implica que en situaciones de alto nivel de desempleo, con pocas oportunidades laborales estables y bien remuneradas para las mujeres, éstas retrasan o descartan la maternidad, o disminuyen el número de hijos/as que tienen.
Pobreza y exclusión: el alto desempleo y la pérdida de ingresos familiares han dado lugar a un fuerte incremento de la pobreza en Andalucía, agravado por la acumulación de recortes sociales. Así, la población andaluza en riesgo de pobreza y/o exclusión social ha pasado de 33,3% en 2009 a 42,3% en 2014. En cuanto a la brecha de género, ésta se fue reduciendo a partir de 2007, invirtiéndose en 2011 no por una mejora en la situación de las mujeres, sino por un empeoramiento relativo mayor en los hombres; así, en 2013 la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social alcanza al 36,8% de las mujeres y al 39,9% de los hombres. Los hogares que mayor riesgo de pobreza presentan son aquellos formados por una persona adulta y uno/a o varios/as hijos/as, los cuales tienen al frente a una mujer en el 82% de los casos, y de ellos, el 52% presentaban riego de pobreza en Andalucía en 2013.
Violencia machista. Desde 2007 han sido 117 las mujeres asesinadas por violencia machista en Andalucía. Según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2015), el 15,5% de las mujeres residentes en España de 16 y más años afirman haber sufrido violencia física, sexual o miedo de alguna pareja o expareja en algún momento de su vida, el 25,4% han sufrido violencia psicológica de control, el 21,9% violencia psicológica emocional y el 10,8% violencia económica. Durante la crisis se ha producido una reducción del porcentaje de órdenes de protección concedidas (en Andalucía en 2008 se concedieron un 80,79% de las órdenes de protección solicitadas, mientras que en 2014 sólo se concedieron un 60,16%) o un descenso de un 21% de las partidas destinadas para la protección estatal a las víctimas de violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado 2011-2015, o una reducción del 50% en la partida específica destinada a los servicios de atención a víctimas gestionadas por las Comunidades Autónomas.
Empoderamiento económico, social y político. Se observan avances importantes en la presencia de las mujeres en distintos ámbitos económicos y de poder, y sobre todo, en el ámbito educativo. En el terreno político, tras las últimas elecciones de diciembre de 2015 el porcentaje de mujeres ha aumentado al 39,43% en la Cámara Baja, mientras que en el Parlamento autonómico andaluz, la evolución de la representación de mujeres cumple las pautas de paridad. El porcentaje de representación de partidos con listas cremallera es superior en el parlamento andaluz que en el nacional. La paridad no se alcanza, por el contrario, en ninguna esfera del Administración Local. En las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, en 2015 el porcentaje de mujeres ascendía a un escaso 4,76%. En cuanto al número de asociaciones de mujeres inscritas en Andalucía, éste asciende en la actualidad a 2215, con un número total de 220.855 socias.
3.- Posición del gobierno regional.
Desde la Conferencia Mundial de Beijing en 1995, la intervención pública ha pasado del “no se debe discriminar” al “intervéngase a favor de la igualdad”. Una nueva óptica de trabajo que se ha materializado en la conversión de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en una política horizontal y en la aplicación de la estrategia de Mainstreaming de Género -recogida como objetivo en el Tratado de Amsterdam (1997)- como una de las prioridades de la agenda europea. La igualdad de género está consagrada en el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 y, en la actualidad, el I Pacto Europeo por la Igualdad de Género 2011- 2020 apunta las líneas estratégicas de trabajo a seguir.
En el ámbito español y andaluz, se han registrado importantes progresos en la legislación y en las esferas institucional y política. En la actualidad existe un marco legislativo único en nuestra historia: la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género; la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
El Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Andalucía se configura como el principal instrumento para el desarrollo de la Ley de igualdad. En su segunda edición (2016-2020), el objetivo es incidir en las distintas dimensiones de la discriminación por razón de sexo para potenciar las condiciones y estructuras y lograr la igualdad de oportunidades entre las mujeres y hombres. Recientemente se ha aprobado también I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Actividad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía. En lo que respecta al ámbito empresarial, el principal instrumento para combatir la discriminación de género son los planes de igualdad, los cuales son obligatorios para empresas de más de 250 empleados y para aquellas cuyo convenio colectivo así lo establezca.
Por otra parte, la Junta de Andalucía es pionera en la aplicación del presupuesto con perspectiva de género[2] y en el desarrollo de metodologías y herramientas propias que han inspirado a administraciones e instituciones de ámbito nacional e internacional. El presupuesto con perspectiva de género valora el impacto de las políticas presupuestarias sobre la igualdad de género en la sociedad andaluza, es decir, de qué manera la distribución de los recursos presupuestarios afecta a las oportunidades económicas, sociales y vitales de mujeres y hombres.
El Instituto Andaluz de la Mujer, como organismo que impulsa las políticas de Igualdad, y la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos Europeos con la creación de la Unidad de Igualdad y Género, han tratado de dotar a la Administración, de una estructura de apoyo estable, para iniciar y consolidar el proceso de implantación del Mainstreaming de Género en Andalucía. Se ha producido así un cambio de modelo en las políticas de Igualdad de Oportunidades, con la asunción de un doble enfoque de actuación y de gestión; que conjuga la integración de la perspectiva de género en las políticas generales con las medidas específicas destinadas a mujeres. Una novedad destacada es el inicio en septiembre de 2015 de la tramitación del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, al objeto de consolidar la transversalidad de género en las políticas públicas y seguir avanzando en la corrección de las desigualdades en ámbitos como la brecha salarial o la discriminación laboral por razón de sexo. Entre las carencias que se considera urgente resolver figuran tres claves: la necesidad de potenciar la coeducación para introducir la perspectiva de género en el diseño y desarrollo curricular de todas las etapas de la enseñanza; fomentar los planes de actuación de la inspección de trabajo para combatir la discriminación laboral; y conceder a la Junta de Andalucía capacidad sancionadora por comportamientos (empresariales, culturales, etcétera) de marcado carácter sexista o discriminatorios por razón de sexo.
4.- Conclusiones y propuestas
Pese a los avances normativos, tal y como muestran los datos presentados anteriormente, en el contexto andaluz persisten fuertes desigualdades de género. Algunas de ellas son propias de nuestro contexto aunque otras coinciden con las tendencias europeas y reflejan una problemática de género que trasciende las fronteras nacionales. La crisis y la respuesta política a la misma ha venido a acentuar o mantener estas desigualdades de género, ya que han puesto el foco en los recortes de gasto público y esto ha impactado en la potencialidad de las políticas públicas para promover la igualdad.
En este sentido, es necesario avanzar hacia respuestas políticas y económicas más coherentes en la promoción de la igualdad de género (Espinosa y Matus, 2016). En concreto, dada la centralidad de la Unión Europea en la política estatal y andaluza, resulta clave avanzar en la incidencia política para un marco de política europea que, en efecto, integre un análisis de impacto de género. Ello implica, a su vez, diagnósticos de política que incluyan una atención sistemática a las desigualdades de género, instituciones nacionales, regionales y locales que velen por los derechos de las mujeres, un marco legal efectivo, un apoyo institucional adaptado a sus necesidades, la creación de canales de comunicación y participación para la sociedad civil (también para la realización de especial seguimiento e incidencia para el desarrollo de los informes de impacto de género a escala autonómica), así como la puesta en marcha de mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas del Estado (GEP&DO, 2015).
Es necesario mirar a las causas estructurales de la desigualdad de género como una condición sine qua non para avanzar en el disfrute de los derechos humanos y el desarrollo de las capacidades de todos los seres humanos. Frente a la eficiencia y la competitividad que promueve el actual modelo económico neoliberal, la sostenibilidad de una vida que merezca la pena ser vivida ha de estar en el centro de la toma de decisiones, esto es, la priorización del bienestar de las personas y de los intereses comunes, frente a intereses privados. Todo ello precisa de un abordaje integral que ponga el foco en generar cambios sociales e individuales así como en normas formales e informales. Es necesaria una política educativa comprometida con la igualdad; una economía inclusiva y transformadora que reconozca el derecho al cuidado y apueste por políticas y servicios universales a la par que se replantee la división sexual del trabajo y se promueva la valoración social y el reconocimiento del valor económico del trabajo de cuidados; urge una reforma laboral que incluya acciones específicas frente a los problemas estructurales relativos al mayor paro femenino, la mayor parcialidad femenina, la brecha salarial y la segregación horizontal y vertical de género; un sistema de pensiones que asegure una vida digna de ancianas y ancianos. En lo que respecta a la violencia machista, se requiere un abordaje integral para mejorar la capacidad de análisis y seguimiento de sus causas estructurales; hacer frente al desafío de lograr responsabilizar a los gobiernos del cumplimiento e implementación de los acuerdos internacionales y las leyes; dotarse de recursos para la prevención y abordaje de la misma. Igualmente, es preciso que se establezcan indicadores concretos relativos a la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género; avanzar de modo contundente en el reconocimiento de los derechos sexuales, la libre elección y ejercicio de la orientación sexual y la identidad de género, y la irrupción voluntaria del embarazo como parte central de la autonomía reproductiva de todas las mujeres. Es necesario incluir metodologías de investigación que incorporen una perspectiva más contextual de la salud de las mujeres y de los hombres para identificar, tanto las diferencias en los modos de enfermar, como las diferencias que debido a la pertenencia a uno u otro género se presentan. Respecto la participación en los espacios de toma de decisiones, se precisa asegurar un marco de seguimiento que ponga el foco en la paridad en relación a su presencia en organizaciones internacionales, órganos del poder judicial, consejos de administración de empresas, rectorados de las universidades, partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones sociales (Espinosa y Matus, 2016; GEP&DO, 2015; GEPDO, 2016).
Desde el punto de vista de los ODS, esto implica incorporar nuevos compromisos y objetivos de desarrollo –con metas e indicadores específicos– a los compromisos internacionales ya adquiridos en materia de género. Un contenido programático que vaya más allá de un “tratamiento cosmético” y logre una atención sectorial y transversal a las causas estructurales de la desigualdad de género y su intersección con otros tipos de desigualdad. Asimismo, se requieren compromisos claros en términos de implementación y un sistema riguroso de seguimiento y rendición de cuentas que proporcione información tanto de los avances como de las resistencias al cambio (GEP&DO, 2015).
Dado el origen estructural y sistémico de esta desigualdad, el trabajo por la igualdad y la equidad de género hace frente a múltiples dificultades y resistencias, de ahí que se precise un trabajo constante de incidencia política sobre las instituciones públicas, de sensibilización a la ciudadanía en general y, fundamentalmente, un fortalecimiento de las prácticas y articulaciones feministas para continuar creando un conocimiento y una acción crítica, propositiva y diversa.
5.- Bibliografía
Agenjo, Astrid y Pérez Orozco, Amaia (2017): «Economía Feminista», en Agenjo y Molero (coords). Hacia una economía más justa. Manual de corrientes económicas heterodoxas, Economistas Sin Fronteras, Granada. Disponible en: http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Economistas-heterodoxas-julio-2017.pdf
AWID (2013). «Los derechos de las mujeres sobreviven en los debates sobre los objetivos de desarrollo sostenible». Notas de los viernes. Disponible en: http://www.awid.org/esl/Las-Noticias-y-Analisis/Notas-de-los-Viernes/Los-derechos-de-las-mujeres-sobreviven-en-los-debates-sobre-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos (2016) Informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017. Consejería de Hacienda y Administración Pública, Junta de Andalucía. Disponible en: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/informe/informe2017/informe.pdf
Espinosa, Julia y Matus, Mauricio (2017): El impacto de la crisis en las desigualdades de género en Andalucía: educación y trabajos. Un análisis para la acción, Intermón Oxfam, Sevilla. Disponible en http://www.observatoriodesigualdadandalucia.org/sites/default/files/espinosamatus.pdf
Espinosa, Julia y Gallardo, Begoña (2013): Género y coherencia de políticas. Un análisis feminista de la promoción del desarrollo internacional. Editorial 2015 y más, Madrid.
Fraser, Nacy (2015): Fortunas del feminismo, Traficantes de Sueños, Madrid.
GEP&DO (2016): El impacto de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad de género en Andalucía en el escenario post-crisis. Observatorio GEPDO, Sevilla. Disponible en https://drive.google.com/file/d/0BxhZRJFqqhwyY3BvNDl6b2g2SFU/view
GEP&DO (2015): La igualdad de género en la agenda internacional de desarrollo, Observatorio GEPDO, Sevilla. Disponible en http://genderobservatory.com/wp-content/uploads/2015/06/G%C3%A9nero_y_Agenda_Post2015_InformeGEPDO_CORR.pdf
[1] En este punto son necesarias ciertas cautelas: ¿Recae esta responsabilidad por igual en todas las mujeres? Obviamente, no. El protagonismo de las mujeres en estas estrategias viene marcado por unas posiciones de subordinación cualificadas por distintos ejes (clase, raza, estatus migratorio, edad…). Cada quien diseña sus estrategias desde su propia posición. Por otro lado, no se trata de idealizar esta capacidad de respuesta de las mujeres, ya que con esas estrategias se contribuye, en parte, a mantener un sistema que funciona sobre la desigualdad y (auto)explotación.
[2] la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas; la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género, y el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo.
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