ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Por: Cristina Millan. Alianza por la Solidaridad
1. Situación de partida
El agua es un factor fundamental para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible, y de gran impacto estratégico, pues contribuye a la realización de otras metas clave del desarrollo humano (seguridad alimentaria y nutricional, salud o sostenibilidad ambiental o la igualdad de género).
Por ello en 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció oficialmente el derecho humano al agua y al saneamiento como derecho humano fundamental básico para una vida digna, siendo necesario disponer de cantidades de agua potable y de servicios de saneamiento que sean asequibles, accesibles, aceptables desde el punto de vista cultural, y que dichos servicios se presten de forma participativa, responsable y no discriminatoria.
Este compromiso ha sido asumido por muchos Estados y además ha tenido su reflejo en la nueva agenda de los ODS, donde se le ha dado un papel importante al derecho al agua al convertirse en uno de los objetivos de la agenda. Pero, los impactos del desarrollo económico sobre el medio ambiente constituyen una auténtica amenaza para la provisión de agua con la calidad adecuada, para la provisión de alimentos, para la estabilidad del clima y para la regulación del agua.
Así, ya en la Declaración del Milenio se incluían estos aspectos dentro del Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medioambiente. Concretamente la meta 7.C. tenía como fin Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
Gracias a ello, durante los años de implementación de la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) se han mejorado muchos de los datos sobre acceso al agua y saneamiento. En el caso del agua, desde el año 2010 se consiguió la reducción a la mitad del porcentaje de población sin acceso al agua a nivel mundial. Mientras que en 2015, el 91% de la población mundial utiliza una fuente mejorada de agua potable, en comparación al 76% en 1990. Más de la mitad de la población mundial (58%) ahora disfruta de agua corriente al más alto nivel de servicio.
Por su parte, en materia de saneamiento, solo 95 países han cumplido esta meta. Entre 1990 y 2015, la proporción de la población mundial que usa instalaciones sanitarias mejoradas ha aumentado de 54% a 68%, pero 2.600 millones de personas siguen sin disponer de instalaciones mejoradas.
Además casi mil millones de personas que todavía defecan al aire libre. La proporción de este indicador se ha reducido a casi la mitad a nivel mundial, de 24% a 13% en los últimos 25 años.
Sin embargo estos logros conseguidos en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio no son suficientes, puesto que todavía estamos muy lejos de alcanzar el objetivo de que todas las personas tengan acceso a agua y saneamientos seguros: 1.000 millones de personas carecen de acceso a fuentes de agua mejoradas y 2.600 millones de personas no utilizan servicios de saneamiento mejorados. Por ello era necesario un cambio de paradigma debido al contexto actual de escasez de agua y rápido crecimiento demográfico.
El agua potable, segura y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias pobres en todo el mundo. Las malas condiciones en el saneamiento son las causantes de la mitad de los casos mundiales de retraso en el crecimiento, con las graves consecuencias que ello supone en el desarrollo mental y físico. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Se estima que para 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce.
Además con respecto a la equidad de género, los suministros de agua inadecuada suponen cargas adicionales para las mujeres. En África subsahariana las mujeres son las encargadas de recoger agua: se estima que, en un solo día, en 25 países, las mujeres pasan 16 millones de horas recogiendo agua, lo cual tiene importantes impactos sobre la educación, el acceso a trabajos remunerados e incluso para la salud de las mujeres y niñas que asumen esta tarea diariamente.
En el caso del saneamiento y el derecho a un saneamiento en buenas condiciones afecta también de forma diferente a las mujeres y niñas, que no solo sufren las consecuencias en la salud por contaminación de agua y proliferación de enfermedades, sino que a veces la falta de infraestructuras de saneamiento es la causa de que las madres y padres no envíen a sus hijas a la escuela. En las escuelas, la falta de instalaciones separadas para niñas puede ser uno de los principales motivos por los cuales las madres y los padres no quieren asistan a la escuela. No hay que olvidar que una mayor igualdad es un valor central para nuestras sociedades y niñas que pasan horas caminando para recoger agua, a menudo contaminada, o que no pueden ir al colegio por los riesgos que conllevan para ellas las instalaciones de saneamiento en la escuela, pierden oportunidades de estudio y, por lo tanto tienen menos opciones de llegar a ser miembros productivos de la sociedad.
A pesar de esto, al agua, por no hablar del saneamiento, se otorga muy poca prioridad a la hora de asignar los limitados recursos disponibles para desarrollo. Y la realidad es que el acceso universal al agua y el saneamiento requerirán un gran esfuerzo mundial, ya que hay personas desfavorecidas en todos los países. Así en los países desarrollados no todo el mundo dispone siempre de agua y retretes; por ejemplo las personas que viven en las calles o las personas en prisión se ven privadas de este derecho diariamente.
Por todas estas razones en la nueva Agenda de Desarrollo marcada por Naciones Unidas para los próximos 15 años (2015-2030) se incluyen el acceso al agua y al saneamiento para todos y todas dentro de un objetivo propio. Además se establece el acceso a estos bienes de un modo universal, incluyendo las dimensiones específicas para mujeres y niñas, así como un enfoque integrado de la gestión de los recursos hídricos y el mejor conocimiento de los recursos hídricos y su evolución en el tiempo, teniendo en cuenta los futuros escenarios climáticos.
2. Metas e indicadores para el año 2030
• Meta 6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos o Indicador 6.1.1. Porcentaje de población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura.
• Meta 6.2. Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables o Indicador 6.2.1. Porcentaje de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura, incluida una instalación para lavarse las manos con agua y jabón.
• Meta 6.3. Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial.
- Indicador 6.3.1. Porcentaje de aguas residuales tratadas de manera segura
- Indicador 6.3.2. Porcentaje de masas de agua de buena calidad
• Meta 6.4. Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren falta de agua
- Indicador 6.4.1.Cambio en la eficiencia del uso del agua con el tiempo.
- Indicador 6.4.2. Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce como proporción de los recursos de agua dulce disponibles.
• Meta 6.5. Para 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.
- Indicador 6.5.1. Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
- Indicador 6.5.2. proporción de la superficie de la cuenca transfronteriza con arreglos operacionales para cooperación relacionada con el agua
• Meta 6.6. Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
- Indicador 6.6.1. Porcentaje del cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua a lo largo del tiempo
• Meta 6.a. Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización
- Indicador 6.a.1. Volumen de AOD destinada al agua y al saneamiento que forma parte de un plan de gastos coordinados del gobierno
• Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento
- Indicador 6.b.1. Porcentaje de dependencias administrativas locales con políticas y procedimientos operacionales establecidos para la participación de las comunidades locales en la ordenación del agua y el saneamiento.
3. ODS 6 en España
Situación del agua en España
En los últimos años, se ha trabajado mucho a nivel mundial el derecho al agua y el saneamiento, convirtiéndose en uno de los asuntos principales en las agendas de muchos estados.
Sin embargo, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población del mundial, una cifra que seguramente se incremente debido al cambio climático y al ascenso de las temperaturas. Igualmente, muchos países están experimentando estrés hídrico; de hecho, España es la tercera nación europea más estresada hídricamente, consumiendo casi el 35% de sus recursos de agua a largo plazo. Casi todo el país, ha presentado históricamente problemas de escasez de agua que se han intentado solucionar con la construcción de presas, trasvases y aumentando la profundidad de las captaciones subterráneas. Sin embargo estas soluciones no han garantizado el abastecimiento de agua potable, especialmente en lo que respecta a la demanda generada por el turismo y la agricultura de regadío en la costa mediterránea, y además, han acarreado numerosos costes ambientales y sociales, aumentando además los niveles de contaminación, sobreexplotando los acuíferos subterráneos y fomentando el mercado ilegal del agua.
Iniciativas y compromisos del Gobierno
La universalidad de los ODS, implica que las metas acordadas son aplicables a todos los países y supone que todos los países tengan que poner los medios y medidas adicionales para que éstas se cumplan tanto a nivel internacional como en sus propios países, profundizando hasta lo local.
España asumió en 2015 los compromisos de la agenda 2030 para el cumplimiento de los ODS, por lo que debe diseñar un plan nacional de implementación de los ODS, con indicadores y alianzas, con el que cada ministerio se alinee y garantizando mecanismos de transparencia y participación para su seguimiento. Igualmente las autoridades españolas han de hacer un esfuerzo para hacer llegar a los gobiernos locales y a la sociedad y sus diferentes actores una agenda que desconocen y que les ofrece enormes oportunidades.
Es fundamental reducir el consumo de agua, utilizando este recurso de un modo más eficiente y considerando que los ríos, lagos y humedales son mucho más que simples canales, sino complejos ecosistemas que debemos proteger.
En esta misma línea, según el PNUD, si queremos mitigar la escasez de agua, es fundamental proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este recurso, como bosques, montañas, humedales y ríos. También se requiere más cooperación internacional para estimular la eficiencia hídrica y apoyar tecnologías de tratamiento en los países en desarrollo.
En el ámbito de la cooperación al desarrollo
Desde aquí se proponen algunos compromisos que el gobierno español debería asumir de cara al cumplimiento de los ODS:
• Reconocimiento del derecho humano al agua, que no está explícitamente reconocido en la legislación española. Se propone incorporarlo específicamente en la Ley de Aguas, con el fin de garantizar los servicios básicos de abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad adecuada y saneamiento a toda la ciudadanía e impedir los cortes de agua por impago de sectores en precariedad económica.
• Evitar privatización y mercantilización del agua que no garantice el suministro de calidad a un precio justo, sostenible ambientalmente y que no genere discriminación ni desigualdad en el acceso a este bien público. Garantizar una gestión transparente de los servicios de agua y una tarificación que se ajuste al contexto y a la realidad española. Supervisar los concursos de privatización y vigilar la calidad de los servicios prestados, tanto por operadores públicos como privados, garantizando la sostenibilidad económica y la autofinanciación del servicio, pero sin incluir costes no asociados al servicio de agua.
• Revisión y reforma de la normativa relativa al agua, especialmente de la Ley de Aguas y de la Directiva Marco Agua para alinearlas con los ODS, así como para coordinar estos dos marcos entre sí. Igualmente se requeriría una reforma de las confederaciones hidrográficas y de los planes hidrológicos y de actuación frente a sequía para garantizar la coherencia entre políticas y en el que se replanteen las concesiones a nuevos cultivos de regadío o las grandes obras hidráulicas como los trasvases que generan afecciones medioambientales y conflictos sociales.
• Integración de políticas sectoriales: planificación hidrológica, política ambiental, agricultura, desarrollo rural y ordenación territorial con el fin de asegurar la coherencia y el avance en los compromisos sobre los ODS. Igualmente debe garantizarse la coherencia entre los planes hidrológicos y los instrumentos de planificación de los espacios protegidos ligados al medio, así como las medidas y programas de seguimiento asociados. Igualmente debe avanzarse en la integración con la gestión del agua de la política de desarrollo rural y la de ordenación territorial, herramienta base para la prevención de riesgos de inundaciones y para que se respeten las dinámicas naturales de los ríos, además de contribuir a reducir la contaminación puntual y difusa. Por ejemplo, se debe apoyar la depuración mediante humedales en núcleos de población de menos de 20.000 habitantes equivalentes.
• Mantener el compromiso con la recuperación de la AOD y el apoyo a iniciativas de cooperación al desarrollo, programas de EpD, Acción humanitaria en torno a la temática del acceso a agua y saneamiento seguros y sostenibles y en las prácticas de higiene adecuadas. La AOD ha caído entre el 2008 al 2014 un 97% uno de los recortes más drásticos en las distintas CCAA. España debe impulsar la definición de una política sólida de agua y saneamiento como palanca para lograr otros objetivos, como la igualdad de género. En esa línea, la AECID creó en 2007 el Fondo de cooperación para el agua y el saneamiento cuyo objetivo es asegurar el acceso a agua potable y saneamiento a las poblaciones más necesitadas de América Latina y el Caribe, siendo especialmente prioritarios Haití, Bolivia, Honduras y Nicaragua. Además, España forma parte de la Alianza Global de Operadores del Agua, a cuya secretaría subvenciona anualmente con el objetivo de fomentar el acceso universal a los servicios sostenibles de agua y saneamiento, puesto que los operadores englobados en la Alianza gestionan más del 50% del agua potable abastecida a la población mundial.
• Impulso de la participación de la ciudadana en la planificación y gestión del agua. El proceso de participación pública debe ir mucho más allá de la mera consulta pública. Deben establecerse metodologías propias para la elaboración de talleres/jornadas de participación para el debate y toma de decisiones y hojas de ruta consensuadas. Los resultados de la participación deben quedar reflejados e incluidos en los documentos definitivos de planificación. Se debe aumentar la importancia y la operatividad de los Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas, aumentando su agilidad y extendiendo su actividad más allá de los periodos de elaboración o revisión de los planes hidrológicos. También se propone incorporar a estos consejos otros representantes de la sociedad civil, como las universidades, organizaciones de la sociedad civil o centros de investigación.
• Desarrollo de programas de sensibilización, educación para el desarrollo y movilización de la ciudadanía en torno al derecho al agua y al saneamiento y la defensa del acceso a fuentes de agua y saneamientos de calidad y seguros tanto en el Norte como en el Sur.
• Gestión del agua de forma sostenible y eficiente. Uso eficiente del agua y de los recursos, reducir desperdicio de agua, promover la depuración y la reutilización de aguas para riego de áreas verdes. Involucrar a responsables locales y adaptarse al contexto local. Involucrar a usuarios finales teniendo en cuentas cuestiones como género, edad, discapacidades etc. Fortalecer las capacidades técnicas, institucionales y financieras de las instituciones y mecanismos a nivel local y autonómico dirigidos a promover un uso y gestión sostenible del agua con un enfoque participativo, transparente donde se rindan cuentas a la ciudadanía.
• Establecimiento de rutas hacia la sostenibilidad. Debido al cambio climático, ninguna cuenca puede considerarse excedentaria de agua, puesto que se prevé que los caudales de agua sigan reduciéndose. Por ello es necesario lograr un menor consumo de agua, así como una eficiente gestión de los recursos de agua disponibles en cada territorio sin contar con aportes externos.
• Favorecer programas de control y vigilancia El agua que es utilizada por la población crece desmesuradamente especialmente los meses de verano con el turismo. Esto está provocando el debilitamiento de los acuíferos de la costa.
• Derechos humanos y empresas. Las empresas también van a tener un papel en esta agenda dada su dependencia y el impacto que éstas generan sobre los recursos hídricos. Es importante apoyar a las compañías que desarrollen su actividad de forma sostenible integrando el derecho humano al agua y al saneamiento. Sin embargo también existen empresas transnacionales responsables del acaparamiento de recursos como el agua en terceros países o de inversiones con un grave impacto ambiental a las que se les tiene que exigir responsabilidades. Es importante defender un modelo de negocio basado en un desarrollo sostenible y equitativo, contribuyendo al bienestar de las cuencas, ecosistemas y las comunidades en los que operen estas empresas.
• Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, eliminando vertidos y minimizando la descarga de materiales, nitratos y productos químicos peligrosos y aumentar de forma sustancial el reciclado y la reutilización.
• Se propone ampliar la figura de Reservas Naturales Fluviales a tramos en un buen estado de conservación y alto valor ecológico y extender la protección a los bosques y vegetación de ribera, dentro de las zonas de servidumbre y policía. Así mismo se propone establecer estrategias para asegurarse de la correcta protección de las figuras ya protegidas, de modo que no corran peligro debido a acciones humanas como la sobreexplotación de acuíferos o vertidos contaminantes.
• Regulación de la compra-venta de los derechos concesionales del agua. Debido a la escasez de agua y las sequías, España es el único país europeo en donde se ha desarrollado el mercado del agua a través de mecanismos de cesión temporal (compra-venta) y centros de intercambio de derechos concesionales de agua. Un claro ejemplo de esto es la compra de agua por parte de los regantes del Segura a la cuenca del Tajo, generando afecciones sociales y ambientales en esta. Por ello se propone desandar el camino de la mercantilización del agua y derogar las disposiciones que lo permiten
• Se propone la revisión urgente de los regímenes de caudales ambientales fijados en los planes hidrológicos, incluyendo un plan de aplicación efectiva de los mismos, con el fin de garantizar el buen estado ecológico y los servicios ambientales de las masas de agua tipo río, lago/humedal y aguas de transición.
• Se propone restringir las obras de encauzamientos y dragados fluviales tras las crecidas, así como eliminar las habituales prácticas de limpiezas de ríos basadas principalmente en el uso de maquinaria pesada, por su escasa utilidad para prevenir inundaciones y por su elevado impacto geomorfológico y ecológico. Sería más aconsejable planificar acciones de conservación y mantenimiento de cauces a largo plazo, priorizando el empleo de la mano de obra especializada, considerando medidas de ordenación territorial, control ambiental y restauración de ríos y respetando los planes de gestión del riesgo de inundaciones.
• Se propone la aplicación correcta de la recuperación de costes financieros de los servicios de agua y del recurso, desarrollando una normativa específica de regulación del canon por ocupación, canon de control de vertidos, de regulación y de uso de infraestructuras estatales.
Papel de la sociedad civil
La sociedad civil, a través de sus organizaciones, ha adquirido un papel cada vez más importante para lograr el complejo conjunto de desafío que suponen los ODS, los gobiernos no se pueden aislar a sí mismos: es imprescindible que trabajen en colaboración con todos los grupos de interés; puesto que las OSC tienen las capacidades para afrontar los problemas sociales, proteger los derechos humanos y promover el desarrollo comunitario.
Por su parte, las OSC deben seguir luchando por conseguir oportunidades de colaboración y deben aprovechar el acceso privilegiado a la información sobre la situación actual, y utilizarlo para amplificar las voces de la ciudadanía y responder adecuadamente a sus necesidades.
Por ello, la sociedad civil organizada debe formar parte activa en los procesos de tomas de decisiones en lo que respecta a las nuevas legislaciones y reformas de las actuales en materia de agua, de modo que se pueda asegurar el avance hacia el cumplimiento de los ODS. Dentro de este mismo proceso, las OSC han de adelantarse a los gobiernos nacionales y locales, realizando propuestas para mejorar la gestión y calidad de las aguas, para asegurar su universalidad, la utilización eficiente de los recursos hídricos, para aliviar el estrés hídrico que sufren nuestros acuíferos o para restaurar y proteger los ecosistemas fluviales.
Por otro lado la sociedad civil y sus organizaciones han de movilizarse para presionar a los gobiernos para que adopten medidas hacia la sostenibilidad, modificando la legislación vigente de modo que se regule de modo real la actividad de las empresas y de los organismos públicos que gestionan los recursos hídricos. También han de presionar a los gobiernos que se organice y alineen todas las políticas y legislaciones en materia de agua y saneamiento, incluyendo a las autoridades locales en el proceso.
Por otro lado, las OSC tienen la misión de educar a la ciudadanía en valores de sostenibilidad, haciendo llegar los ODS hasta sus bases. Concretamente en materia de agua y saneamiento, las OSC deberían hacerles llegar aspectos como la situación de muchas comunidades en países en desarrollo en materia de agua para el consumo y el saneamiento (la dificultades que hay para poder acceder a una fuente de agua, así como la calidad de las mismas o los problemas derivados de la falta de unas correctas instalaciones de saneamiento para las mujeres), así como las problemáticas que existen en otros países sobre la privatización del agua o las propias luchas de las organizaciones medioambientales por proteger frágiles ecosistemas hídricos que se encuentran en riesgo en España.
También deberían hacer llegar a la sociedad civil qué herramientas tienen para proteger los medios acuáticos, así como para reducir el consumo de agua potable. Por su parte cualquier miembro de la sociedad civil puede participar en alianzas, movimientos y campañas ya existentes para defender el derecho humano al agua y el saneamiento, así como para tener unos recursos hídricos de calidad y en abundancia.
Por ejemplo existe la Alianza por el Agua fundada en 2006 por diferentes ONGD y entidades públicas y que, en la actualidad cuenta con más de 300 organizaciones en España y Centroamérica pertenecientes a distintos sectores vinculados al agua y el saneamiento. Su misión, contribuir a mejorar los servicios de agua y saneamiento y fortalecer las capacidades en Centroamérica desde una perspectiva de derecho humano, de género, con enfoque de gestión sistémica y desde la consideración del agua como un bien de dominio público. Otro espacio internacional en agua y saneamiento es el Foro del Agua creado por diferentes OSC y que se ha consolidado como órgano de monitoreo y seguimiento de los servicios básicos de agua potable y saneamiento.
También existen muchas organizaciones regionales relacionadas con una problemática concreta de una zona, como la Plataforma de Toledo Defensa del río Tajo frente a las afecciones medioambientales y sociales que sufre el territorio debido al trasvase o la Asociación amigos de Doñana cuyos objetivos son la conservación, la investigación y la utilización sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, así como la defensa de los pueblos y culturas autóctonos.
De mismo modo organizaciones internacionales también realizan campañas en defensa del derecho humano al agua. Por ejemplo, el Foro del Agua, junto Alianza por la Solidaridad, comenzaron una campaña de incidencia en el año 2016 para denunciar el acaparamiento de un acuífero en El Salvador por parte de una embotelladora de Coca-Cola. Del mismo modo ambas entidades defendían dentro de la campaña la elaboración de una Ley general de aguas que garantice el derecho de la ciudadanía salvadoreña al uso y disfrute del agua y en el que participe la propia ciudadanía y no únicamente la empresa privada, como ocurrió en este caso.
Otra acción de incidencia en la defensa del acceso al agua de Alianza por la Solidaridad es la denuncia de la construcción de una presa hidroeléctrica en Guatemala por parte de una empresa española Ecoener-Hidralia que vulneraba el derecho al agua de los pueblos indígenas (130.000 habitantes) que habitaban la zona y les privaba del acceso a este recurso. Estas comunidades indígenas se movilizaron en contra de la obra y fueron víctimas de asesinatos, secuestros y agresiones a mujeres. Hoy, varios de sus líderes comunitarios están en la cárcel por defender que su río sagrado.
Otro caso de gran impacto internacional en el que la sociedad civil defendió su derecho al agua fue la llamada Guerra del Agua en Cochabamba (Bolivia) en el año 2000. La causa fue la privatización del abastecimiento de agua potable municipal que fue a parar al consorcio internacional de empresas Aguas de Tunari que incrementó las tarifas en un 50% y que planteó tarifar también las pequeñas instalaciones que obtenían agua del subsuelo de modo segregado de la red. Debido a estas medidas, la sociedad civil de modo espontáneo se organizó en grandes movilizaciones en las que hubo cientos de heridos y, al menos, un muerto. Finalmente, la población consiguió su objetivo y el gobierno de Bolivia rescindió el contrato al consorcio.
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