Desde Alianza por la Solidaridad denunciamos que la deficiente asignación de recursos por parte del Estado boliviano en casos de violencia contra las mujeres, imposibilita un adecuado acceso de las víctimas a la protección legal necesaria y deja impunes un alto número de casos de violencia y feminicidios.
Bolivia celebraba el pasado día 11 de octubre el “Día de la Mujer Boliviana”, una buena fecha para reflexionar sobre los avances en tema de derechos de las mujeres y los obstáculos con los que se tropieza para que participen en las políticas públicas. Los crecientes índices de violencia y feminicidios que se registran a nivel nacional lo señalan como el país latinoamericano con el mayor índice de violencia física contra las mujeres y el segundo, después de Haití, en violencia sexual. Es preciso, pues, identificar las obligaciones inmediatas que debe asumir el Estado boliviano con carácter prioritario.
Sólo en el primer semestre de 2015, se atendieron 19.979 casos de violencia machista, según los delitos tipificados en la ley contra la violencia, según datos que ha proporcionado Norma Hurtado, directora nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). En septiembre, en la ciudad de La Paz, hubo 70 casos de violencia de género, física y psicológica, en los que las víctimas más frecuentes tenían entre 28 y 37 años.
Las cifras de feminicidios también son escandalosas. Al menos 76 asesinatos de mujeres por hombres se cometieron en el país entre enero y septiembre de 2015, según el recuento de Alianza Libres Sin Violencia, entidad que aglutina a diferentes organizaciones sociales del país que trabaja con Alianza por la Solidaridad. Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, en ese orden, serían los departamentos donde se ha perpetrado la mayor cantidad de estos crímenes.
Por su parte, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, reconocía que los juzgados de Bolivia están saturados con casos de feminicidios, violencia y corrupción, acumulados desde 2014, lo que ocasiona un grave retraso en su resolución judicial. Citó como ejemplo que en La Paz solamente un fiscal debe atender 700 casos en un año procesal, por lo que al final se atiende una media de 10 denuncias en cada departamento de Bolivia.
Recomendaciones del Comité de Naciones Unidas al Estado boliviano
Si bien se reconoce los logros en favor de los derechos de la mujer boliviana, desde Alianza por la Solidaridad creemos que queda mucho trabajo pendiente por parte del Estado boliviano y de la sociedad en su conjunto, y así también lo reconoce el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), que en julio remitió al Estado boliviano una serie de recomendaciones sobre este asunto.
El Comité, si bien celebra los progresos alcanzados –como la incorporación de la paridad y alternancia de género en cargos políticos, la penalización de la violencia de género, la educación igualitaria, incentivos para reducir la mortalidad materna, etc–, también observa que los profundos cambios legislativos en favor de las mujeres no cuentan con la asignación de recursos humanos, técnicos y presupuestarios suficientes para su implementación.
El difícil acceso a la justicia y su consiguiente retraso son temas que generan altos índices de impunidad en estos casos de violencia. Las barreras estructurales de la jurisdicción indígena originaria campesina y el sistema de justicia formal impiden que las mujeres accedan a la justicia y obtengan reparación adecuada. No existe personal especializado que se ocupe de estos casos y no se cumple lo establecido en la Ley 348 respecto a la asignación de recursos.
Estos son algunos temas que el Estado boliviano debe afrontar como desafíos en miras a un desarrollo integral y equitativo. Se reconoce los logros alcanzados en favor de los derechos de las mujeres, pero se precisa mayor voluntad política para profundizar estos avances.