DERECHO A LA EDUCACIÓN

DERECHO A LA EDUCACIÓN

1,- Conceptualización

El derecho a la educación está ampliamente respaldado por la ONU y diversos organismos y tratados internacionales. No cabe duda de que en este campo se han producido notables avances a nivel mundial, si bien persisten importantes déficits, especialmente en países con menos recursos. Sin embargo, a pesar de estos reconocidos avances, una mirada atenta al concepto de educación y al derecho a ella, nos invita a ser menos complaciente.

Efectivamente, debemos entender que la educación significa acceder y disponer de unos conocimientos básicos, así como adquirir estilos de vida y pautas de conducta que faciliten la incorporación crítica a la vida social. Hablamos, por tanto, del propósito de configurar sujetos capaces de discernir y actuar con criterio y autonomía, capaces de entender el mundo en el que viven y de plantearse la posibilidad de que vivamos de otra forma. El conocimiento y la actitud son recursos fundamentales, sin ellos no es posible la emancipación.

En este sentido, se hace necesario diferenciar entre escolarización y educación. Mientras que el concepto de educación alude a lo expuesto en el párrafo anterior, la escolarización refiere meramente al alojamiento de niños y jóvenes en centros escolares durante varias horas al día y durante varios días al año. Ciertamente, la educación no requiere la escolarización, al menos de manera absolutamente imprescindible. De hecho, a lo largo de la historia, hasta bien avanzado el siglo XIX, ha habido educación (algún tipo de educación) sin que existieran los centros escolares tal y como hoy los conocemos. Incluso, en sus orígenes, la institución escolar no estaba estrictamente ligada a proyectos de democratización de la cultura y acceso al conocimiento, sino a muchos otros intereses y circunstancias históricas. Pero, dicho esto, a estas alturas de los tiempos, por muchas razones, si bien la escuela no es el único ámbito de la educación, resulta un elemento básico para ello, especialmente para los grupos sociales más desfavorecidos. La escuela facilita la socialización de niñas, niños  y jóvenes y, por tanto, ayuda de manera decisiva a la configuración de pautas de convivencia. Por otra parte, en un mundo en el que están disponibles multitud de fuentes de información, la escuela es de los pocos contextos que facilita el acceso al conocimiento, que no es saber lo que otros saben, sino pensar con solvencia sobre la realidad social y material.

Así pues, hoy día, la escolarización resulta una condición necesaria para la educación, pero en sí mismo, sólo por el hecho de  producirse, no la garantiza. La escolarización es una posibilidad para la educación, pero se requieren determinadas condiciones para que de aquello –la escolarización- se derive lo otro, la educación. Efectivamente, por una parte, siendo necesaria la escolarización, deben atenderse unos mínimos de habitabilidad, recursos, infraestructuras, dotaciones, etc. que hagan viable la educación. En condiciones de insalubridad, sin recursos didácticos, con escaso personal…podemos hablar de población escolarizada (incluso el 100%) pero no es posible –o muy difícil-el derecho a la  educación. Por otra parte, además de unas mínimas condiciones de escolarización, la educación requiere que lo que ocurre en los centros escolares se encamine realmente a la ilustración crítica de las conciencias y no meramente a la gestión del tiempo de permanencia del alumnado con tareas de reducida o nula potencia formativa.

Finalmente, es necesario considerar una tercera perspectiva a la hora de conceptualizar el derecho a la educación, pues hay que referirse a la educación como recurso. En un largo proceso que corre parejo a la extensión de la escolarización, se ha producido el fenómeno que dio en llamarse titulización de las profesiones. El hecho es que, actualmente, el acceso al mercado laboral requiere disponer de títulos que convencionalmente acreditan la posesión de ciertos conocimientos. En muchos casos estos títulos son requisitos para el trabajo, en muchos otros facilitan el acceso a puestos que reportan estatus y rentas de muy distinto grado. Es lo que Bourdieu conceptualizó como transferencia entre capital escolar y otras formas de capital. Si bien esta correspondencia no es unívoca ni necesariamente predictora (e incluso está cuestionada por el mercado laboral y la realidad de la escasa movilidad social), lo cierto es que el derecho a la educación tiene mucho que ver con el derecho a una vida digna, puesto que permite disponer de más o menos oportunidades. Así, las condiciones de la escolarización y de la educación constituyen un factor relevante (aunque no decisivo) del futuro de las condiciones de vida de niños y jóvenes.

2.- Contexto en Andalucía

Vemos entonces, que el derecho a la educación implica el derecho a la escolarización, es decir, a disponer de un puesto en un centro escolar durante un mínimo de tiempo, a que la estancia en la escuela se produzca en unas determinadas condiciones; pero implica también que esa estancia transcurra en torno a la realización de tareas que realmente contribuyan a la formación de niños y jóvenes. Vemos también, que el derecho a la educación tiene que ver con la configuración de una identidad que posibilite la autonomía  de las conciencias de las personas y la incorporación crítica a la vida social, es decir, el derecho a la educación tiene que ver con la construcción de una sociedad más libre y realmente más democrática. Vemos, en fin, que el derecho a la educación tiene que ver con el derecho a una vida digna, pues, aunque no se trata de un factor decisivo, contribuyen a la determinación del estatus económico y social de las personas.

Centramos ahora nuestra atención en el análisis del estado del derecho a la educación en Andalucía. A este respecto, es importante advertir que nuestra Comunidad Autónoma acumula déficits históricos que deben ser tenidos en cuenta. Así, lo revela, por ejemplo, la tasa de analfabetismo que, en Andalucía, ha sido de las más altas de España durante los últimos ciento cincuenta años y se mantiene en la actualidad, especialmente entre las mujeres del medio rural. No obstante, la historia pesa pero no es determinante, pues cuando existen voluntad y recursos, la realidad puede cambiarse.

La disponibilidad de puestos escolares alcanza el 100% en los tramos de enseñanza obligatoria, es decir, Primaria y ESO. Es en otros tramos no obligatorios, donde encontramos algunos déficits en la escolarización. Es el caso del primer ciclo de la Educación Infantil, 0-3 años. Dos son aquí los problemas; por una parte la falta de gratuidad y, por otro, la diferencia entre la población potencialmente escolarizable (aproximádamente 260.000) y la oferta de puestos (unos 110.000). Si bien hablamos de un tramo no obligatorio, los estudios subrayan cada vez con más argumentos la importancia de la escolarización en edades tempranas dada la incidencia que tiene en posteriores desarrollos cognitivos; además, se trata de un asunto fundamental a la hora de la conciliación de la vida familiar. Es evidente que la no gratuidad y la insuficiente oferta de plazas afecta especialmente a los grupos más desfavorecidos y a las mujeres. Por razón de su poder adquisitivo, la oferta se concentra en el medio urbano frente al rural y en barrios de clase media frente a la periferia de las grandes ciudades. Por otra parte, suele suceder que a falta de centros infantiles, son las mujeres las que más tiempo deben ocupar en su custodia, añadiéndolo a su jornadade trabajo.

La política de la administración andaluza tiende a paliar los dos problemas antes citados –la no gratuidad y la insuficiente oferta-. Mientras que en el segundo ciclo de la Educación Infantil puede hablarse de escolarización plena  basada sobre todo en centros públicos, en el primer tramo la administración utiliza la fórmula de la subvención a los centros privados de porcentajes según ingresos o situaciones especiales, para ayudar a las familias. Precisamente en este año ha sido objeto de polémica el cambio en la fórmula de la subvención, pues se ha pasado a la concurrencia competitiva entre centros para ampliarlos a todos los que lo soliciten. Esta fórmula permitiría ampliar la oferta manteniendo las ayudas. No obstante, es probable que se produzcan daños colaterales en las condiciones de trabajo de los docentes, así como la masiva entrada en el mercado de grandes empresas dedicadas al sector de las escuelas infantiles (con el previsible cierre de las pequeñas), es decir, las consecuencias propias de la liberalización y privatización de un sector.

Problemas relativos a la oferta de puestos escolares se dan también en la Formación Profesional. En esta caso se puede constatar que en los últimos años la oferta de plazas ha sido muy inferior a la demanda, déficit que se relaciona con el aumento de la tasa de paro, ya que muchos desempleados tratan de mejorar su cualificación profesional. A este respecto la administración andaluza ha establecido normas para facilitar los puestos disponibles para quienes terminan estudios, en detrimento de los jóvenes desempleados.

En resumen, respecto a la disponibilidad de puestos en el sistema educativo, apreciamos déficits en el primer ciclo de la educación infantil y en la Formación profesional, déficits que limitan el derecho a la educación.

En lo que hace a las condiciones de escolarización, cabe señalar problemas en las infraestructuras, los recursos materiales disponibles en los centros escolares y en la dotación de personal. Respecto a infraestructuras, se mantiene todavía un pequeño porcentaje de espacios no apropiados –caracolas-, pero, sobre todo, déficits en condiciones de habitabilidad. Recientemente se ha suscitado, por ejemplo, el problema de la climatización en épocas de calor y –menos aireado pero, quizás, más importante- en lo que respecta a la calefacción. Igualmente reseñable es el problema del mantenimiento de servicios sanitarios, pintura y reparaciones, problemas que deben interesar tanto a los Ayuntamientos como a la Junta de Andalucía.

En relación con los recursos materiales disponibles en los centros, hay que decir que son manifiestamente mejorables, pues, si bien en algún momento han podido estar en un nivel aceptable, actualmente muchos de estos recursos son obsoletos, de reparación económicamente inviable, echándose en falta la necesaria reposición y/o manenimiento.

Respecto a la dotación de personal hay que hacer notar la disminución del número de docentes en los últimos años, con el consiguiente aumento de la ratio, así como de la carga de trabajo para el profesorado, con la consiguiente repercusión negativa en el derecho a la educación (en sentido amplio).Ciertamente, en el presente curso se ha aumentado la dotación, si bien no llega a compensar los anteriores recortes, ni, a pesar de la reducción del número de alumnos

Estos problemas de escolarización tienen que ver con la inversión en educación. Cómo es sabido, esta inversión se ha reducido en los últimos años, sin que al día de hoy se haya recuperado el nivel previo a la crisis. De hecho, en Andalucía, estamos lejos de alcanzar el deseable 5% del PIB. En términos comparativos la administración andaluza es de las que menos gasto por alumno realiza en educación, prácticamente la mitad de la que invierte más (el País Vasco). Por lo demás, la Junta de Andalucía sigue una tendencia progresiva hacia la liberalización-privatización de servicios educativos, así como al aumento del gasto en concertación con centros privados.

Pero, como se ha dicho al principio de este texto, la escolarización es una condición necesaria para la educación, pero no es suficiente, es una posibilidad. Si pensamos en las actividades de enseñanza que se desarrollan en los centros escolares hay que decir que, también aquí, nos encontramos con una situación manifiestamente mejorable. La realidad es que existe una gran desproporción entre el tiempo que niños y jóvenes están escolarizados y la calidad de la formación que realmente adquieren. A este respecto, los datos de la tasa de abandono escolar temprano y de fracaso en Andalucía son indicadores sugerentes (aunque tendrían que ser matizados). Desde luego mucho tienen  que ver con esto los problemas de escolarización antes referidos, pero, también, inciden de manera relevante los contenidos del currículum y los métodos de enseñanza. Este es un asunto complejo y de difícil abordaje, entro otras razones porque se difuminan las responsabilidades (entre administraciones y variados agentes) y porque las estrategias de actuación son igualmente complejas y nos remiten a procesos muy dilatados en el tiempo. Quizás en un texto de esta naturaleza no quepa mucho más que subrayar la importancia del problema, si bien no está de más advertir que tras la escasa calidad de la formación que reciben niños y jóvenes están las políticas educativas dominantes a nivel mundial –como es el caso de España y Andalucía-, que enfocan la educación como recurso de la producción y conceptúan sus problemas como problemas meramente de gestión de los sistemas escolares, ignorando (o no) la relevancia de la dimensión política y cultural.

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